En una jornada legislativa que duró más de 12 horas, marcada por intensos debates, manifestaciones y un intento de la oposición por frenar el proceso, el Senado de México aprobó en la madrugada del 11 de septiembre de 2024 la controversial reforma al Poder Judicial. Esta medida, impulsada por el Gobierno del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, permitirá que a partir de 2025 los jueces sean elegidos por voto popular, generando preocupación en diversos sectores políticos y sociales.
Una reforma que polariza
La iniciativa, que implica una enmienda constitucional, fue aprobada con 86 votos a favor, logrando así la mayoría calificada. La coalición del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respaldaron la propuesta. Por su parte, los partidos de oposición —Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)— sumaron 41 votos en contra.
La votación se desarrolló en un contexto de fuerte división política y social, con MORENA y sus aliados buscando consolidar esta reforma en los 32 congresos estatales, lo que les permitiría un avance sustancial en la modificación de la estructura del Poder Judicial.
Interrupciones y manifestaciones
Durante la tarde del martes, un grupo de manifestantes irrumpió en la sede del Senado, generando empujones y agresiones en un intento de detener el avance de la reforma. Este incidente obligó a trasladar la sesión legislativa a la antigua sede de la cámara alta, en el Centro Histórico de Ciudad de México, la cual estuvo fuertemente custodiada por decenas de elementos policiales.
Los manifestantes, identificados como trabajadores del Poder Judicial, mantienen un paro de labores desde hace casi tres semanas en protesta por la reforma. Durante su irrupción, lograron acceder al Pleno del Senado, donde gritaron consignas y paralizaron la sesión por algunos momentos. Posteriormente, intentaron ingresar a la antigua sede, donde también protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Un debate intenso y una votación inesperada
La discusión en el Senado estuvo plagada de denuncias de intimidación por parte del oficialismo. La oposición acusó a las fiscalías de presionar a legisladores para asegurar los 86 votos necesarios para aprobar la reforma constitucional. A pesar de esta tensa atmósfera, la jornada concluyó con la aprobación del dictamen.
Un factor clave para alcanzar la mayoría calificada fue el sorpresivo voto a favor del senador Miguel Ángel Yunes, miembro del PAN, quien se desmarcó de su grupo parlamentario, permitiendo que la reforma saliera adelante.
Aproximadamente a las 22:00 horas, los senadores del PRI, PAN y MC intentaron tomar la tribuna en un último esfuerzo por frenar la discusión. Sin embargo, los legisladores de Morena y sus aliados lo impidieron, asegurando que el debate continuara hasta bien entrada la madrugada.
Implicaciones de la reforma judicial
Esta reforma trae consigo cambios profundos en la estructura del Poder Judicial. Además de establecer la elección popular de jueces, se creará un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar las sentencias emitidas por los magistrados. Asimismo, se reducirá de 11 a nueve el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante, la medida ha sido vista con escepticismo y rechazo por parte de distintos sectores, que consideran que vulnera la independencia judicial. Entre los críticos se encuentran organizaciones internacionales como Human Rights Watch, representantes de la ONU, así como los socios comerciales de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Según los detractores, la posibilidad de que jueces y magistrados se elijan mediante procesos electorales podría politizar el sistema de justicia, afectando gravemente la división de poderes y poniendo en riesgo la democracia mexicana.
Un legado controvertido
El presidente López Obrador, cuyo mandato concluye el próximo 1 de octubre, ha impulsado esta reforma como parte de su proyecto de transformación del país. El objetivo era que la reforma judicial fuera aprobada antes de que entregara el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sido elegida para continuar con la agenda del actual gobierno.
