Por tercer día consecutivo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en la ciudad de Los Ángeles, en respuesta a operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizados el pasado viernes.
Las protestas comenzaron tras tres redadas que derivaron en la detención de cerca de 50 personas, de las cuales, según el consulado mexicano, la mayoría serían ciudadanos mexicanos.
El Departamento de Seguridad Nacional reportó que aproximadamente mil personas rodearon un edificio federal, dañaron patrullas, pincharon neumáticos y realizaron pintas en propiedades públicas.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes enfrentándose a policías equipados con gas lacrimógeno y proyectiles no letales.
Las protestas se concentraron en la zona de Paramount, al sureste de Los Ángeles.
En respuesta a los hechos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando presidencial que autoriza el despliegue de dos mil elementos de la Guardia Nacional.
La Casa Blanca justificó la medida como “una acción para restablecer el orden”, señalando que las autoridades estatales y locales no han logrado controlar la situación.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó los operativos migratorios y el uso de la fuerza, mientras que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles aclaró que no participa en la aplicación de leyes migratorias, aunque sí colabora para contener los disturbios civiles derivados de las protestas.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación por los operativos migratorios en Estados Unidos y reiteró su exigencia de que “se respete el debido proceso y se garantice la protección de los derechos humanos de los migrantes detenidos durante los operativos”.
El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, informó que poco menos de 50 personas fueron detenidas como parte de las redadas e indicó que “se brindará asistencia consular a los afectados y se mantendrá seguimiento a sus casos para garantizar su representación legal y la comunicación con sus familias”.
Las autoridades estadounidenses indicaron que se está llevando a cabo una revisión de evidencias, y que cualquier acto de violencia contra los agentes “será perseguido judicialmente”.
