Una mujer residente en Andalucía, España, perdió el derecho a una pensión por discapacidad luego de que se comprobó que fingió no poder hablar durante 16 años para gozar del beneficio económico.
El caso fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2025, tras una investigación que reveló inconsistencias en sus reportes médicos y una grabación que mostró que podía hablar con normalidad.
La mujer había sido diagnosticada con estrés postraumático y pérdida del habla en 2003, luego de denunciar una agresión por parte de un cliente en su lugar de trabajo, un supermercado.
A partir de ese momento, comenzó a recibir una pensión mensual cubierta por una aseguradora, al tratarse de un hecho clasificado como accidente laboral.
En 2019, la aseguradora detectó irregularidades en los informes médicos y contrató a un detective privado.
El investigador siguió a la mujer durante varias semanas y documentó que mantenía conversaciones en la vía pública, asistía a actividades grupales y utilizaba el teléfono con normalidad.
La prueba clave fue una grabación en la que la mujer respondía sin dificultad a una pregunta hecha por el detective.
El tribunal desestimó la apelación de la mujer, quien alegó que la grabación violaba su privacidad.
La resolución indicó que los síntomas de mudez habían desaparecido o nunca estuvieron presentes, por lo que no existía justificación para continuar con los pagos de la pensión.
Actualmente, la mujer enfrenta un nuevo proceso legal para definir la sanción por el cobro indebido de los beneficios entre 2003 y 2019. La aseguradora también ha anunciado que iniciará una demanda para recuperar el monto total de lo pagado durante ese periodo.
