El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) aprobó los topes de gastos personales de campaña para las candidaturas al Poder Judicial del Estado, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario Local 2025.
Esta medida tiene como objetivo garantizar la equidad en la contienda electoral, evitar el uso desmedido de recursos y asegurar que las personas candidatas puedan ejercer su derecho a ser votadas en condiciones de igualdad.
En sesión extraordinaria, las consejeras y consejeros electorales discutieron y validaron los topes de gastos, los cuales fueron establecidos de forma diferenciada según el tipo de cargo, el ámbito territorial de la elección y el número de distritos judiciales involucrados. Estos montos serán los únicos recursos que podrán utilizar las personas candidatas, ya que está prohibido el uso de financiamiento público o privado en esta contienda.
El cálculo de los topes de gastos se basó en una fórmula técnica que contempla el límite individual de aportación permitido para las candidaturas independientes a diputaciones locales en un Proceso Electoral Ordinario Local fue considerado como base, cuyo monto es el 10% del tope de campaña del Distrito Electoral más alto, en este caso al 06, con cabecera en Hermosillo, que oscila en los 2 millones 575 mil 501 pesos, por lo tanto el porcentaje que se designó queda en 257 mil 550 pesos como base.
Los candidatos solo pueden usar sus propios recursos para sus campañas, dentro de los límites establecidos, de ahí que tienen prohibido recibir financiamiento de terceros, ya sea público o privado, para cubrir los gastos personales de campaña.
Los topes de gastos de campaña fueron determinados considerando el ámbito territorial de la campañay el tipo de cargo que buscan las personas candidatas. Así, se establecieron tres niveles diferenciados de acuerdo con el número de distritos judiciales involucrados en la contienda. Estos son los siguientes:
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$257,550.20 para candidaturas cuyo ámbito de campaña se limita a un solo distrito judicial.
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$515,100.40 para candidaturas con competencia en dos distritos judiciales.
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$772,650.60 para candidaturas que abarcan los tres distritos judiciales del estado.
Cada tipo de candidatura fue evaluado según su ámbito territorial y el cargo al que aspiran, lo que permitió establecer estos topes diferenciados. Por ejemplo, las magistraturas del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial tienen un tope de $772,650.60, ya que son cargos de elección estatal. Por otro lado, las magistraturas de los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito tienen un tope de $257,550.20, ya que estas candidaturas son por distrito judicial.
Las candidaturas a juezas y jueces también tienen topes diferenciados. Para los cargos con competencia en un solo distrito judicial se aplica el tope base de $257,550.20. Si la candidatura abarca dos distritos, el monto se duplica a $515,100.40, y si la candidatura es estatal, el tope se triplica a $772,650.60.
La determinación de estos montos busca reflejar una distribución equitativa de recursos en función del tamaño del territorio que debe cubrir la campaña. De esta forma, se asegura que las personas candidatas puedan llevar a cabo su campaña de manera justa, sin exceder los límites establecidos por la ley, y garantizando un ambiente de competencia igualitaria.
En cuanto a los gastos permitidos, la normativa establece que los recursos podrán ser utilizados solo en algunos rubros específicos, tales como traslados dentro del ámbito territorial de la campaña, viáticos, hospedaje, alimentación, y la producción de materiales de propaganda. También se podrán realizar gastos para la edición de materiales para redes sociales y para la capacitación de los candidatos en técnicas de exposición pública.
También se les restringe el uso de recursos para contratar espacios en medios de comunicación,entregar dádivas o beneficios económicos, y realizar campañas que superen los topes aprobados. Esto refuerza el compromiso con la equidad y la transparencia en el proceso electoral.
