El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”.
El proyecto, impulsado por la Comisión de Justicia, plantea nuevas reglas para identificar operaciones financieras que podrían ser utilizadas con fines ilícitos.
Uno de los cambios más significativos es la reducción del umbral económico a partir del cual ciertas transacciones deberán ser reportadas a la Secretaría de Hacienda.
La escrituración de inmuebles, que antes se consideraba actividad vulnerable a partir de los 4.4 millones de pesos, ahora deberá notificarse cuando la operación alcance los 905 mil 120 pesos.
Esto se debe a la sustitución del salario mínimo como unidad de cálculo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
De igual forma, la constitución de empresas y fideicomisos será considerada como posible actividad de riesgo desde los 452 mil 560 pesos, en contraste con los más de 2 millones de pesos exigidos anteriormente.
También se modifican los parámetros para actividades como la construcción de inmuebles, que ahora deberá reportarse si supera los 907 mil 948 pesos.
El dictamen establece además que los notarios públicos deberán continuar notificando operaciones como la transmisión de derechos sobre inmuebles, salvo las garantías constituidas a favor de instituciones financieras u organismos públicos de vivienda.
La reforma pretende “integrar a más actores y actividades de la clase media dentro del esquema de vigilancia”.
Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá “un papel activo en el desarrollo de herramientas de análisis criminal, económico y financiero, en colaboración con la Fiscalía”.
La iniciativa también establece que para proceder penalmente en casos donde se utilicen servicios del sistema financiero, será necesaria la denuncia formal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
