La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amparo con 338 votos a favor y 126 en contra. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el propósito de «actualizar la legislación para alinearla con los cambios constitucionales en el Poder Judicial», aprobados en septiembre.
Entre las modificaciones principales, se reduce de ocho a seis el número de votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sus resoluciones sean aplicables en todo el país.
Hasta que los nuevos ministros tomen protesta en septiembre de 2025, la SCJN seguirá operando con las reglas previas a esta reforma.
El dictamen establece que el juicio de amparo no podrá interponerse contra decisiones del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
También se reemplaza la referencia al «salario mínimo» por la «Unidad de Medida y Actualización» (UMA) en la determinación de multas y sanciones.
Asimismo, se realizaron ajustes en el lenguaje de la normativa. Expresiones como «Distrito Federal» fueron sustituidas por «Ciudad de México», y el término «grupos vulnerables» se cambió a «grupos en situación de vulnerabilidad».
Con esto, se busca mantener una redacción más precisa y acorde con principios de equidad e inclusión.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, afirmó que esta reforma «cumple con la obligación de actualizar la Ley de Amparo conforme a los cambios constitucionales».
Además, señaló que estos ajustes «fortalecen la impartición de justicia y buscan mejorar su acceso para toda la población».
