Según cálculos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) cerca de 4.9 millones de mexicanos podrían ser deportados de Estados Unidos. Sin embargo, la institución considera que el impacto de estas expulsiones «no provocaría una crisis en las ciudades fronterizas de México«.
De acuerdo con el COLEF, la administración de Donald Trump enfrenta limitaciones en recursos y personal para ejecutar redadas masivas pues aunque se ha desplegado un contingente militar en la frontera, estos efectivos no tienen autorización para detener migrantes.
El informe indica que las deportaciones se concentran en personas con órdenes de expulsión o en quienes cumplen condenas.
La Patrulla Fronteriza opera con 16 mil 878 agentes divididos en tres turnos para vigilar más de 3 mil kilómetros de frontera, mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispone de un número reducido de oficiales capacitados para realizar arrestos migratorios.
Según las proyecciones del COLEF, si se expulsaran 2 mil personas diarias, alrededor de 800 serían mexicanos.
Estos migrantes serían distribuidos en distintas ciudades fronterizas, lo que «generaría presión en esas localidades sin llegar a desestabilizarlas». Además, la formación de nuevos agentes migratorios requiere más de un año, lo que limita la capacidad de acción del gobierno estadounidense.
El estudio destaca que la política migratoria de Trump se basa en «generar un clima de incertidumbre» y aunque su discurso busca «disuadir la migración, las restricciones operativas y legales dificultan un aumento considerable en el ritmo de las deportaciones».
