El expresidente boliviano Evo Morales ha desatado nuevamente una tormenta política al no presentarse a declarar este jueves ante la Fiscalía de Tarija, en el marco de una investigación por «estupro agravado con trata de personas». Tras su ausencia, la fiscal Sandra Gutiérrez emitió una orden de arresto en su contra. Morales, quien actualmente se encuentra en la región del Chapare, rodeado de sus seguidores cocaleros, ha recibido el respaldo de estos, quienes han advertido con «incendiar el país» en caso de que su líder sea detenido.
Respuesta de Morales: «Persecución política»
Morales reaccionó rápidamente a la orden judicial a través de su cuenta en la red social X, donde escribió: «Inventando acusaciones, torciendo las leyes y con la complicidad de sicarios de la justicia pretenden detenernos y acabar con nuestra vida. El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano». Además, el exmandatario señaló que esta acción forma parte de una «desesperación» por parte del Gobierno, al que acusó de ser «de derecha» y de estar al servicio de la Casa Blanca.
Este caso ha captado la atención mediática, no solo por las graves acusaciones contra Morales, sino también por el contexto político en el que se desarrolla. La denuncia sostiene que en 2016, cuando Morales tenía 57 años, habría tenido una hija con una menor de 15 años, a quien habría reconocido un año después. Las autoridades alegan que el acceso a la joven fue facilitado mediante favores políticos otorgados a sus padres, lo que encuadra el delito como estupro agravado e incitación a la prostitución.
El trasfondo legal del caso
En Bolivia, el delito de estupro es considerado de orden privado, lo que significa que solo se investiga si la víctima o sus padres presentan una denuncia. Sin embargo, la trata de personas, otro componente de las acusaciones, permite al Estado actuar de oficio, lo que otorga a la Fiscalía mayores herramientas para proceder.
Los padres de la menor implicada también fueron citados a declarar, pero al igual que Morales, no comparecieron. Por ello, se ha ordenado su aprehensión. El abogado de Morales, Jorge Pérez, calificó el caso como «nacido muerto» debido a la falta de declaración de la presunta víctima, razón por la cual, afirmó, un fiscal ya había desestimado la denuncia en 2019.
El enfrentamiento entre Morales y el Gobierno de Arce
El conflicto entre Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, continúa intensificándose. Morales sostiene que esta persecución política se originó tanto durante el gobierno interino de Jeanine Áñez como ahora bajo la administración de Arce. El expresidente no ha escatimado en sus críticas: «Lucho [Arce] es igual que Áñez. Lucho es Áñez», declaró recientemente, en referencia a lo que percibe como una continuidad en la estrategia gubernamental para neutralizar su influencia.
El ministro de Justicia, César Siles, ya había anticipado la posibilidad de una orden de arresto si Morales no se presentaba a declarar. Los abogados del exmandatario acusan al Ministerio de Justicia de ejercer presión sobre el Ministerio Público para reactivar el caso. De hecho, en septiembre, la fiscal Gutiérrez ya había emitido una orden de aprehensión, que fue anulada por faltas procedimentales, lo que resultó en su destitución por parte del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. No obstante, tras estos primeros reveses, el caso fue reestructurado y la fiscal reinstalada en su puesto, lo que permitió reactivar la citación a Morales.
El bastión de Morales: el Chapare
Morales no acudió a la citación en Tarija, justificando su ausencia bajo el argumento de que el proceso debía realizarse en Villa Tunari, en el Chapare, su lugar de residencia. Esta región, reconocida por su producción de coca, ha sido el bastión político del exmandatario desde que ascendió al poder en 2006. A día de hoy, Morales sigue siendo el principal líder de los campesinos y cocaleros del área.
El Chapare es también un foco de tensión, ya que sus habitantes han advertido al Gobierno sobre las graves consecuencias que tendría cualquier intento de arrestar a su líder. Dieter Mendoza, uno de los dirigentes cocaleros, declaró: «No vamos a permitir que toquen, peor aún, que encarcelen a Evo. De lo contrario, habrá insurgencia y convulsión».
La pugna electoral detrás del conflicto
El enfrentamiento entre Morales y Arce parece ser parte de una lucha interna por el control del Movimiento al Socialismo (MAS), con miras a las elecciones del próximo año. Tras las críticas de Morales y sus seguidores hacia el Gobierno que ellos mismos apoyaron en el pasado, Arce lanzó una ofensiva judicial contra su antiguo mentor, iniciando varios procesos legales, entre ellos el de estupro.
Morales, por su parte, ha contraatacado, acusando a Arce de abuso sexual en un caso que fue presentado ante los medios por una mujer, acompañada por un parlamentario del ala más cercana a Morales dentro del MAS.
