Con una aplastante mayoría de 483 votos a favor, la Cámara de Diputados ha dado luz verde a una reforma histórica que modifica el artículo 2º de la Constitución Política en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Esta aprobación no solo reconoce formalmente a estas comunidades como sujetos de derecho público, sino que también sienta las bases para un marco legal que promueve la participación activa de estos grupos en la vida pública y en la preservación de su identidad cultural.
El documento aprobado fue remitido al Senado de la República por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, para continuar con su proceso legislativo. Se espera que en breve se discuta en la cámara alta, completando así los pasos necesarios para su eventual promulgación.
Detalles de la reforma al artículo 2º constitucional
En términos generales, la reforma al artículo 2º de la Constitución busca garantizar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos tengan personalidad jurídica, patrimonio propio y pleno respeto a sus derechos humanos. En otras palabras, se les otorga una nueva constitución dentro del texto de la Carta Magna que les confiere derechos claros y participación activa en áreas clave como la educación, la medicina tradicional y la justicia, todo ello respetando su diversidad cultural y lingüística.
Un aspecto crucial de la reforma es el reconocimiento de la composición multiétnica de la nación mexicana, reflejado en el derecho de las comunidades indígenas a colaborar en el diseño de los modelos educativos. Esta participación, estipulada en el artículo 3º constitucional, permitirá que la educación en México considere la pluralidad de lenguas, culturas y métodos de enseñanza propios de estas comunidades.
Derechos a la medicina tradicional y partería
Otro de los puntos destacados de esta reforma es el respaldo al ejercicio de la medicina tradicional y la partería, disciplinas que juegan un rol esencial en la salud de las comunidades indígenas. Las personas que practican estas artes recibirán un reconocimiento formal por su labor, asegurando la preservación de sus conocimientos y prácticas en el ámbito de la salud.
Protección de derechos humanos y género
Uno de los avances más relevantes de esta reforma es el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera equitativa en la toma de decisiones dentro de sus comunidades. Este derecho incluye aspectos como el acceso a la educación, la salud, la propiedad de la tierra y la protección de sus derechos humanos. De igual manera, la niñez, adolescencia y juventud de estos grupos tendrán garantizado el derecho a recibir una atención integral en sus propias lenguas, facilitando el acceso a educación, tecnología, cultura y empleo.
El origen de la iniciativa
La aprobación de esta reforma no es un hecho aislado. Deriva de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, la cual fue enriquecida con diversas propuestas de diputados y diputadas de legislaturas anteriores. El proceso incluyó un amplio debate, aunque las reservas propuestas por MORENA, PAN, PT, PRI y MC no llegaron a ser aceptadas ni discutidas, lo que permitió una votación expedita.
Reforma a la Guardia Nacional: cambios clave en la seguridad pública
Paralelamente a la reforma sobre pueblos indígenas y afromexicanos, la Cámara de Diputados también emitió una declaratoria de publicidad sobre otro tema candente: la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Este cambio impacta directamente en la estructura de la seguridad pública del país, fortaleciendo el vínculo entre la Guardia Nacional y el Ejército.
Las modificaciones abarcan una serie de artículos constitucionales (13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129) que establecen a la Guardia Nacional como una fuerza profesional de seguridad pública de carácter permanente, integrada por personal militar y marino con formación policial. Bajo este esquema, la Guardia Nacional estará facultada para investigar delitos dentro de su competencia y será parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, junto con el Ministerio Público y las instituciones policiales.
El papel del Congreso y del Ejecutivo en la seguridad pública
El Congreso de la Unión también tendrá un rol destacado, ya que le corresponderá expedir leyes que regulen la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior. Asimismo, se ratificará el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional, propuesta que será responsabilidad del presidente de la República, a través de la SEDENA.
Por su parte, el Ejecutivo Federal tendrá la facultad de disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para apoyar en tareas de seguridad pública, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Este enfoque busca garantizar que, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas no ejerzan más funciones que aquellas previstas en la Constitución.
Guardia Nacional: estructura y futuro
La reorganización de la Guardia Nacional también involucra la transferencia de personal militar y naval, que pasará a formar parte de esta nueva estructura bajo la jerarquía del Ejército y la Fuerza Aérea. El personal de la extinta Policía Federal, que aún presta servicios en la Guardia Nacional, será reasignado a la Secretaría de Seguridad Pública, manteniendo sus derechos laborales adquiridos.
Finalmente, destaca que los recursos financieros de la Guardia Nacional se transferirán a la SEDENA, asegurando la continuidad operativa de esta fuerza de seguridad pública en todo el país. En tanto, los vacantes de la Policía Federal serán ocupados por personal de la Guardia Nacional, bajo un esquema gradual de reclasificación.
